domingo, 30 de marzo de 2014

ESPAÑA Y LA PESCA Y LA PIRATERÍA EN SOMALIA (II)

En el anterior post hemos visto el contrasentido que supone que Somalia sea uno de los países más ricos en pesca, y que sin embargo la mayoría de la población pasa hambre. Además de por razones culturales y técnicas, los somalíes se ven privados de sus propios caladeros por la intervención de barcos extranjeros, como puede leerse en este artículo de Voltairenet.org:

Los «piratas» somalíes son pescadores en lucha contra el saqueo occidental de la pesca de arrastre y la descarga de basura tóxica

por Johann Hari, Mohamed Abshirwaldo , Najad Abdullahi

La comunidad internacional condenó con fuerza y declaró la guerra a los piratas-pescadores somalíes, mientras protege discretamente las operaciones de sus flotas dedicadas a la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (IUU, por su sigla en inglés) procedentes de todo el mundo, que pescan furtivamente y, además, descargan basura tóxica en aguas somalíes desde que cayó el gobierno de ese país hace 18 años.

Cuando colapsó el gobierno de Somalia, en 1991, los intereses extranjeros aprovecharon la oportunidad para comenzar a saquear las riquezas marinas que son las fuentes alimenticias del país y a utilizar las aguas sin vigilancia como vertedero de basura nuclear y tóxica.

Según el Grupo de Trabajo de Alta Mar (HSTF, su sigla en inglés), en 2005 más de 800 barcos pesqueros IUU operaban al mismo tiempo en aguas de Somalia, aprovechándose de la incapacidad del país de vigilar y controlar sus propias aguas y zonas de pesca. 
Los barcos IUU arrasan anualmente por un valor estimado de 450 millones de dólares en mariscos y peces del mar somalí. Al obrar así, roban una fuente inestimable de proteínas a una de las naciones más pobres del mundo y arruinan el sustento legítimo de vida de los pescadores.(...)

Hay acuerdo en que al principio los pescadores somalíes ordinarios fueron quienes usaron lanchas rápidas para intentar disuadir a los barcos descargadores y rastreadores, o por lo menos aplicarles un «impuesto». Se llamaron a sí mismos «Guardacostas Voluntarios de Somalia». Uno de los líderes de los piratas, Sugule Ali, explicó que su motivo fue «ponerle fin a la pesca ilegal y a las descargas de basura en nuestras aguas… No nos consideramos bandidos del mar. Consideramos que los bandidos del mar son aquellos que pescan ilegalmente y descargan basura, y portamos armas pero en nuestros mares».

El periodista británico Johann Hari observó en el diario estadounidense Huffington Post que, mientras nada de esto justifica la toma de rehenes, los «piratas» tienen, de manera aplastante, el apoyo de la población local que les da la razón. El sitio web independiente WardherNews1, de Somalia, condujo la mejor investigación que tenemos sobre qué está pensando el somalí ordinario. 
Encontró que el 70% «apoya fuertemente la piratería como una forma de defensa nacional de las aguas territoriales del país». (...)

En vez de tomar medidas para proteger a la población y las aguas de Somalia contra las transgresiones internacionales, la respuesta de la ONU a esta situación ha sido aprobar resoluciones agresivas que dan derecho y animan a los transgresores a emprender la guerra contra los piratas somalíes. Un coro de voces de países que demandan endurecer la acción internacional condujo a una precipitación naval multinacional y unilateral por invadir y tomar el control de las aguas somalíes. El Consejo de Seguridad de la ONU (algunos de cuyos miembros pueden tener muchos motivos ocultos para proteger indirectamente a sus flotas pesqueras ilegales en aguas somalíes) aprobó las resoluciones 1816, en junio de 2008, y 1838, en octubre de 2008, que «invitan a los estados interesados en la seguridad de las actividades marítimas a participar activamente en la lucha contra la piratería en alta mar fuera de las costas de Somalia, particularmente desplegando buques de guerra y aviones militares…»

La OTAN y la Unión Europea han publicado órdenes al mismo efecto. Rusia, Japón, India, Malasia, Egipto y Yemen se han unido a la batalla, junto con un número cada vez mayor de países. Durante años, las tentativas realizadas para controlar la piratería en los mares del mundo a través de resoluciones de la ONU no pudieron aprobarse, en gran parte porque las naciones miembros sentían que tales acuerdos afectarían a su soberanía y seguridad.

Los países son poco proclives a ceder el control y patrullaje de sus propias aguas. Las resoluciones 1816 y 1838 de la ONU, a las que se opusieron algunas naciones de África Occidental, del Caribe y Suramérica, por consiguiente fueron acordadas para aplicarse solamente a Somalia, un país que no tiene ninguna representación en las Naciones Unidas con fuerza como para exigir enmiendas destinadas a proteger su soberanía.

Otro artículo sobre cómo se desarrolla la piratería somalí en el blog "Lo que no se ve":

Somalia, tierra de piratería… occidental 


Este feroz negocio de la piratería que se desarolla en el puerto de Eyl –o en focos más modestos como Harardhere– no es un fenómeno sin causa ni lógica. En 1991, la implosión del régimen de Siad Barre dejó a estos pueblos depauperados, muchos de ellos formados por nómadas empobrecidos y reasentados en los ochenta, en las manos de un más que temible enemigo: las flotillas de pesca extranjeras. Violando la normativa fijada por la UNCLOS (Convención de Naciones Unidas para la Ley Marítima), estos barcos penetran en la zona económica exclusiva de 200 millas que rodea a Somalia, llegando algunos incluso a romper el límite de las 12 millas que definen las aguas territoriales. Sus redes de arrastre esquilman desde entonces las especies más codiciadas en occidente, el atún y la langosta, amén de todo aquello que encuentran en su camino.

Para 2005, se calculaba  que aproximadamente 700 navíos extranjeros ejercían la pesca ilegal. Actividad que, según el informe de la High Seas Task Force, sobrepasaba con creces las ganancias pesqueras habituales de 450 millones de dólares anuales, llegando a alcanzar unos exorbitantes 4.000 millones. El lógico impacto económico en la costa acabó por tener consecuencias: los pescadores se aliaron con facciones paramilitares y establecieron un violento servicio de guardacostas que pronto supo ver los beneficios de la piratería como alternativa de vida. Aun hoy, quedan piratas que se presentan orgullosos ante el periodista de turno como miembros de este “servicio de guardacostas”.

A ello han de sumarse los efectos que ha tenido en el país la interminable guerra de facciones, algunas de ellas mantenidas por países y corporaciones occidentales como “agentes de campo” de sus intereses. En la región donde se halla Harardhere, por ejemplo, el fortalecimiento del grupo islamista Al-Shabab desembocó en la persecución de los milicianos que extorsionaban a los empresarios del transporte mediante puestos de control en las carreteras. Estos huyeron a la mencionada localidad, impulsando desde entonces el negocio pirata.

Tampoco ayuda demasiado –y esto según la Comisión de Servicios Armados del Congreso de EEUU– el hecho de que muchas compañías europeas de eliminación de deshechos virtieran frente a costas somalíes, desde los noventa en adelante, residuos tóxicos y radiactivos en grandes cantidades. (...)

Los nubarrones del filibusterismo africano se fueron acumulando así desde los noventa en adelante, hasta desembocar hoy en día en una tormenta perfecta de secuestros que le cuesta al comercio mundial unos 10.000 millones de dólares por año aproximadamente. Eso se traduce en 100 millones de botín anual neto si contamos la totalidad de la actividad pirata somalí. Cierto es que hay que matizar; el pirata de hace años no buscaba el secuestro. Simplemente ahuyentaba las naves “ladronas” a tiros, o las abordaba y forzaba al capitán a entregar las riquezas que hubiera a bordo, a punta de machete. Actualmente, las operaciones se han vuelto cada vez más atrevidas, y tienen casi siempre como objetivo la captura del navío: en los ataques más arriesgados han llegado a participar hasta 60 combatientes que blanden sus kalashas, pistolas o thumpers (el versátil lanzagranadas M79) y que –habiendo calculado previamente la ruta de sus víctimas mediante GPS– las interceptan en grupos de hasta 10 lanchas cuyo avance resulta casi imposible de detener.

El modus operandi es siempre muy similar. Una vez capturada la tripulación, da comienzo el proceso de negociaciones, con toda la dureza que cabe esperar de una población que depende de ello para su supervivencia y el mantenimiento de su prestigio personal. Los prisioneros, muchas veces en precarias condiciones de higiene y salud, son custodiados y amedrentados por centinelas drogados. Mientras, las redes cómplices de abogados occidentales o funcionarios autóctonos sirven como informadores externos y facilitan las gestiones.

El primer paso es llamar a la empresa propietaria del navío para ver si ella o el  seguro están en condiciones de hacerse cargo de los pagos. Si es así, la liberación es inmediata. En caso contrario, las familias de los apresados reciben una llamada, y se las amenaza con crueldad. No son palabras vacías; desde 2007, han sido ejecutados hasta 62 navegantes, y muchos de los que sobreviven han sido apaleados, torturados o mutilados  durante su cautiverio.

Los aliados “legales” de los piratas, entretanto, tienen el ojo puesto en los titulares de prensa. Si un caso se convierte en la sensación del momento, los gobiernos nacionales se ven acosados por los editoriales de un sinfín de diarios que buscan ayudar a las familias de los cautivos o, más probablemente, desgastar al enemigo político. En esta circunstancia, los secuestradores aprovechan para elevar el monto del rescate hasta extremos impagables. Precisamente fue eso lo ocurrido en 2009, cuando el gobierno socialista español fue puesto contra las cuerdas por una ruidosa campaña conducida desde la prensa hostil tras el secuestro del pesquero vasco Alakrana. El resultado fue una de las más angustiosas soluciones de compromiso jamás elaboradas: la OTAN afrontó la mayor parte de los pagos, mientras que el Ministerio de Exteriores recurrió a todos sus fondos disponibles (sueldos incluidos) para poder pagar un simbólico porcentaje del rescate. Después de aquella traumática experiencia, los secuestros fueron silenciados de nuevo por un tácito pacto entre medios y Gobierno.

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